La falacia penitenciaria

Roberto BERGALLI

Los últimos sucesos acaecidos en las institucio-nes penitenciarias demuestran hasta la saciedadque toda política meramente orientada a mantenerel orden y la disciplina en el interior de los estable-cimientos chocará contra los límites impuestos porla filosofía general que conlleva el entero sistema decontrol penal. Si ésta no se transforma radicalmen-te, la cuestión penitenciaria continuará siendo unámbito de permanente violación de los derechosfundamentales.

No voy a caer en la tentación de hacer la crónicade los innumerables sucesos acaecidos reciente-mente en muy diferentes instituciones penitenciariasdel Estado; en las peores y en las mejores. Los me-dios de comunicación nos han ofrecido una informa-ción cotidiana de ellos, lo cual ahorra cualquier re-lato sobre su gravedad y muestra la sintomática vio-lación de los derechos fundamentales que se pro-duce en el interior de los establecimientos. Sin em-bargo, tampoco voy a aceptar impasiblemente lostests oficiales de que tales sucesos responden a ra-zones temporales (el calor veraniego se habría cons-tituido en el acicate de la violencia que «naturalmen-te» existe entre los internos de tal tipo de estableci-mientos) y se reproducen miméticamente. Aun toda-vía cuando fuera cierta la hipótesis de que una cier-ta «asociación» de reclusos de extrema peligrosi-dad, de los así llamados en «régimen especial», ha-bría impulsado la producción de estos sucesos parareclamar por las condiciones de alojamiento (¡vayaironía!, como si los presos pudieran libremente aso-ciarse e inscribir su asociación en el Registro perti-nente), ello no haría más que confirmar el estado deinhabilitación de las cárceles españolas. Si todavíaexistieran conexiones de estos internos peligrososcon otros, pertenecientes a organizaciones terroris-tas ~mo han insinuado las versiones oficiales-,ya tienen la Administración y la jurisdicción los re-cursos necesarios para actuar en tal caso. Pero,nada justifica la aplicación de tratos y condicionesdegradantes a ningún tipo de preso; así lo exige elcumplimiento del nivel mínimo de garantías de todosistema penal y los principios del Estado de derecho.

De cualquier forma que sea, una voz hay que le-vantar para' poner de manifiesto hasta qué punto lasituación que preocupa no depende exclusivamentede las condiciones estructurales y ambientales delos establecimientos. Dicho lo cual, por cierto, nadadisminuye la responsabilidad de las autoridades pe-nitenciarias que de ninguna forma tampoco se pue-de descargar sobre la mayor o menor competenciade los funcionarios, quienes tienen trato directo conlos internos. Tampoco debería interpretarse aquellaafirmación como un olvido respecto de la permanen-

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te necesidad presupuestaria que toda política peni-tenciaria requiere, aunque ya se sabe que el interéspúblico por estas cuestiones generalmente terminacuando las posibilidades de evasión de los reclusosse restringen al máximo. Es sabido que los progra-mas de los partidos y de los sindicatos no incluyenhabitualmente propuestas para mejorar la situaciónde las prisiones, pues semejante tipo de pOlítica norecoge votos.

Por lo tanto, corresponde que se procure colocaral conjunto de problemas que se denomina comocuestión penitenciaria dentro del marco más ampliode existencia y funcionamiento de un sistema decontrol penal, en una sociedad compleja y articula-da como lo es la española de fin de milenio. En con-secuencia, deberá partirse del concepto casi banalque todo ciudadano de un Estado de derecho cono-ce: a la cárcel no puede ser conducida ninguna per-sona sobre la cual no recaiga un mandato judicialbasado en la presunción de que ha cometido un de-lito o bien en ejecución de una condena a pena pri-vativa de libertad. Y puesto que la existencia de de-lito supone la previa definición de un comportamien-to como tal por la ley o el Código penal pertinente,es imprescindible que la jurisdicción actúe de acuer-do con este ordenamiento. Ahora bien, si la políticacriminal del Estado deja de contemplar conductasque producen verdadero daño social y mantiene unafilosofía punitiva respecto de otras que no lo gene-ran; o si no se modifica esta política y se continúacreando figuras de delito sobre conflictos que no re-visten entidad criminal y pueden tener otras vías desolución civil o administrativa, es comprensible queel entero sistema penal padecerá una crisis de infla-mación punitiva. No habrá policía(s), ni administra-ción de justicia suficientes para contener la crecien-te criminalidad a cuyo control se ven expuestas esasinstancias del sistema. Consecuentemente, el con-tenedor final del producto así criminalizado serásiempre insuficiente. Las cárceles estarán siemprehacinadas y por más establecimientos nuevos quese construyan, éstos serán siempre pocos y malos.

Cuanto se ha dicho sirve para remitir a unos as-pectos que inciden directamente sobre la cuestiónpenitenciaria. Aludo a la demorada reforma del Có-digo penal español (de la cual ha sido presentadoúnicamente un borrador de su parte general, mien-tras la prometida parte especial que debe fijar el con-tenido de cada delito y de su pena, que «iba a estara punto para el verano» --que debe esperarse se di-funda mientras se publican las presentes líneas,aunque ya se ve que provoca polémica hasta entrelos propios protagonistas de esta reforma y de otrastentadas acerca de su misma entidad progresista no

parece ayudar en la necesaria deflación punitiva im-prescindible para un Código Penal democrático, se-gún las noticias periodísticas que circulan), a la au-sencia de una verdadera reorganización de la admi-nistración de justicia y a la impracticada puesta enmarcha de la policía judicial. El hacinamiento y elconstante aumento de la población penitenciariaconstituyen los resultados ciertos de esa cadena defrustraciones que es el sistema penal.

Vale la pena pensar, ahora, si es verdad que pue-den ser atendibles las razones de «temporalidad» o«mimetismo» que se están dando para explicar la re-petición de alteraciones de la vida institucional enlas prisiones españolas. Afirmar estas explicacionessupone una falta de análisis global a las etapas delgran fracaso que el sistema penal representa parael Estado español o, cuando menos, un recurso a lasuperficialidad para no asumir el más grave de losataques de que puede padecer la forma-Estado dederecho asumida por la Constitución de 1978.

En efecto, cuando el arto 25.2 de la Constituciónafirma que «El condenado a pena de prisión que es-tuviere cumpliendo la misma gozará de los derechosfundamentales de este capítulo, a excepción de losque se vean expresamente limitados por el conteni-do del fallo condenatorio, el sentido de la pena y laLey Penitenciaria» lo que está haciendo es imponera la Administración de cumplir con las disposicionesde carácter internacional y con el propio ordena-miento jurídico por él sancionado que fija el respetoa los básicos derechos humanos. Pero, si en la eje-cución de esas penas privativas de libertad es elmismo Estado el que incumple el mandato constitu-cional al hacer que su sistema penal se configure deuna manera desmesurada, abusiva e ineficaz, serádifícil buscar interpretaciones que escapen a la con-sideración de los aspectos que así lo constituyen.

Más aún si se toma en consideración el tan rema-nido principio de reeducación y reinserción socialque debe orientar las penas privativas de libertad,sancionado por la misma norma constitucional cita-da. Frente a la imposibilidad material de poder cum-plir semejante mandato (pues no es posible supo-ner seriamente que una sociedad, la cual no puedeasegurar un puesto de trabajo al 17 % de su fuerzalaboral, ni consolidar la asistencia sanitaria, comotampoco evitar el rechazo a la condición juvenil, pue-da dar satisfacción a ese principio constitucional) ya la transformación de esa función simbólica de laprisión en la latente de simple custodia de los inter-nos, es comprensible que las instituciones peniten-ciarias se hayan convertido en simples contenedo-res donde las autoridades pretenden que se man-tenga el orden y la disciplina sobre la base de unascondiciones y unos regímenes de vida imposibles desoportar por cualquier ser humano. Se explica quequienes han sido calificados como «peligrosos» porlos hechos punibles cometidos resulten de extremapeligrosidad para la Administración cuando ellos nose someten a la disciplina institucional. Como se ad-vierte, toda la cuestión penitenciaria se ha converti-do hoy en una falacia.

Hasta hace muy poco algunas organizacionescristianas y un sector de la magistratura democráti-ca, movidas por una sensibilidad especial respecto

a las condiciones de los internos en las cárceles es-pañolas, han reclamado con mucho vigor para quese introduzca en el ordenamiento punitivo un siste-ma de alternativas a la prisión. Este reclamo ha que-dado definitivamente descabezado por el anunciooficial de que el futuro Código penal no aceptara nin-gún régimen de libertad a prueba, para lo Cual se re-curre --de manera descalificatoria para aquellos re-clamos pietistas- a un supuesto «riesgo de adoc-trinamiento» por algunas de las instituciones quepueda asistir a los beneficiarios de esa medida. Sinembargo, debe decirse asimismo que desde un prin-cipio también esos reclamos se expresaban en tér-minos falaces. Efectivamente, creer que sacar de laprisión a una persona con anticipación al cumpli-miento final de su privación de libertad supone evi-tar los daños que produce un secuestro institucionaltan grave, es desconocer que la más mínima expe-riencia carcelaria deja imborrables secuencias ne-gativas, al mismo tiempo que someter a un liberadoa una vigilancia permanente (para conocer si cum-ple con las condiciones de una prueba) aumenta lascondiciones de marginalidad que traduce todo con-trol penal. Lo decisivamente importante, para iniciarun proceso que libere a nuestra sociedad de esta en-fermiza necesidad de cárcel que parece padecer, esalentar la tarea que --en la fase de creación de laley penal- procure desterrar toda forma de penaprivativa de libertad para aquellas conductas, lascuales, aunque punibles, puedan ser amenazadascon otro tipo de consecuencias que no supongan elencierro. Este desafío supone la afirmación de unacultura política y jurídica mucho más creída en losvalores garantistas que debe exaltar el sistema pe-nal, antes que en las necesidades de defensa y se-guridad que parecen orientar la política criminal delEstado español. Creo que, además, si se recurre alos otros ejemplos actuales de unas ya sancionadasy otras proyectadas leyes penales (Seguridad Ciu-dadana, Orgánica de Regulación del TratamientoAutomatizado de los Datos de Carácter Personal, deGobierno) esta reflexión abarca una perspectiva to-davía más amplia. En efecto, el marco general den-tro del cual se está desarrollando el sistema de con-trol penal en España exhibe alarmantes síntomas desustitución de las razones jurídicas que deben guiaruna política penal orientada por el techo máximo delimitación a cualquier desmesura de las intervencio-nes punitivas; antes bien, parece que la «razón deEstado» ha pasado a presidir las decisiones estata-les en esta materia, procurando ocupar los espaciospropios a la jurisdicción cuando se trata de velar porlas libertades ciudadanas. Es asimismo llamativoque el Estado de derecho recurra al amparo del «se-creto» en ámbitos donde la transparencia tendríaque ser la norma, sobre todo cuando ese recurso noestá regulado por una legislación de época demo-crática y cuando su proyectada ordenación sigue de-morada desde que el Consejo de Ministros aproba-ra en 27 de julio de 1990 un proyecto de Ley de Pro-tección de Materias Clasificadas que todavía no harecibido tratamiento parlamentario.

La aparente sensibilidad que revela la administra-ción penitenciaria cuando algunas opiniones y me-dios de comunicación manifiestan los desaciertos o

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errores en que ella incurre, contrasta con su recha-zo a toda difusión de los datos que puedan verificarlas condiciones en que están alojados y el trato quereciben los internos en las cárceles españolas. Estaactitud se agrava e incurre en un desconocimientode los limites a sus competencias cuando ignora elámbito de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria.Cuando la jueza Carmena permitió la visita a Cara-banchel de representantes de una prestigiosa orga-nización no gubernamental de defensa internacionalde los derechos humanos, no sólo actuó en funcióndel principio de «¿cómo punir?» que debe guiar todaactividad de ejecución penal sino que asimismo fa-cilitó la imprescindible diafanidad que debe presidir-la si se pretende que ella sea la propia a un Estadodemocrático.

En Cataluña, por haberse asumido competenciasespecíficas en el tema como Comunidad Autónomadebería haberse ya configurado en todo este tiempouna política penitenciaria concreta. Mas, la imprepa-ración, la sinuosidad y la improvisación u oportunis-mo nunca son buenos consejeros de ninguna políti-ca. Desafortunadamente, éstos son los rasgos queemergen a la vista del desmadre que reina en laconstrucción de prisiones, en la elección de los lu-gares donde ellas van siendo emplazadas y en lafrustrada creencia de que con tales nuevas cárcelesse podrá erradicar la Modelo de Barcelona. Los he-chos hablan por sí solos y la situación se agravacada día con la pertinaz idea de que el rígido con-ductismo que se trata de implantar como filosofía delos regímenes interiores en las instituciones, será ca-

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paz de solucionar el problema del orden y la disci-plina, única meta que parece presidir esta falaz po-lítica penitenciaria. Para colmo, el ejercicio de la vi-gilancia penitenciaria se está rodeando en Barcelo-na de un espíritu muy negativo y contrario a cual-quier filosofía readaptativista. Pese a los esfuerzosde un fiscal y de un reducido núcleo de abogadosdedicados específicamente a la defensa de los de-rechos de los internos, la equívoca política peniten-ciaria catalana genera todavía más daños con el os-curo protagonismo que ejerce un juez investido deesa capacidad de vigilancia. Sus extrañas concep-ciones acerca del encierro y una arraigada creenciaen que ciertos reclusos no merecen las posibilida-des de egreso que les brinda nuestra legislación pe-nitenciaria, contrarían la filosofía que inspira a estaúltima y genera gravísimas repercusiones sobre lacondición de aquellos internos. Pero lo que resultafrancamente alarmante es el escaso eco que hanprovocado las reiteradas noticias de esta situación,lo cual se agudiza cuando las denuncias y querellaspresentadas contra el juez no reciben acogida porla jurisdicción. Parecería que ésta también preten-diera cubrir con el «secreto» las desviaciones oaberraciones que se producen en su propio seno.

Como se advierte, toda la cuestión penitenciariaen España está necesitando un profundo y ampliodebate. Sin embargo, esta posibilidad es negada ob-cecadamente y sobre todo lo es por aquel sector dela doctrina que, de un modo autorreflexivo, da sus-tento ideológico a un ámbito de la política estatal querequiere de manera urgente una auténtica toma deconciencia democrática.